Destacó que el objetivo “es trabajar conjuntamente para corregir problemas históricos en materia de tenencia de la tierra y mejorar los servicios de catastro a fin de que se esclarezcan los casos de conflicto en esta materia”.

Indicó igualmente que “mañana se estará presentando el informe del Registro Público a los miembros de la Corte y seguramente, para el mediodía, aproximadamente, vamos a tener también esos datos”.

“Un gobierno debe dar garantías y velar por el cumplimiento de las leyes. Eso se está haciendo, se va seguir haciendo, así como hasta ahora”, enfatizó el secretario de Estado. López Perito aseveró que el Gobierno no minimiza ninguna amenaza, sólo que existe un marco legal que se deberá respetar, tanto productores como ocupantes. En ese sentido, anunció que mañana martes, en horario y lugar a confirmarse, se realizará una reunión con los productores.

Por su parte, Enrique García, procurador general de la República, indicó que por expresas instrucciones del Presidente de la República se dispuso que a través de un estudio notarial se obtenga información precisa sobre los títulos, desde la finca madre, para entender la dimensión y el alcance de los desprendimientos y transferencias.

Explicó que en un plazo de 30 días, según anticipó el Escribano Mayor de Gobierno, se contaría con las documentaciones necesarios para tener una idea más clara al respecto. “Nosotros hablamos del cumplimiento de la ley y eso no reconoce excepciones, ni descartar ninguna particularidad”, apuntó el funcionario.

Enrique García no precisó cuándo se produciría el desalojo, porque entiende que para efectivizar la orden judicial “hay un procedimiento operativo de reparación y el Ministerio del Interior está disponiendo de los recursos profesionales y humanos necesarios para cumplir esa orden”.

Formaron parte de este encuentro el senador Jorge Oviedo Matto, titular del Congreso y el doctor Luis María Benítez Riera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes junto al jefe de Estado evaluaron la problemática de la tierra en el país.

Asimismo, el diputado Víctor Bogado, presidente de la Cámara Baja; Rubén Candia Amarilla, fiscal general del Estado y Enrique García, procurador general del Estado; además de Miguel Ángel López Perito, jefe del Gabinete Civil y el doctor Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia de la República.